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Resumen de la legislación - La Ley de Libertad de Información de 2000

Esta Ley entró en vigor el 1 de enero de 2005. Se ocupa del acceso a la información oficial, mientras que regulaciones paralelas facilitan acceso a la información en materia de medio ambiente.

Visión general de la Ley

Cualquier persona física u organización puede solicitar por carta o correo electrónico cualquier información que obre en poder de una autoridad pública.

La autoridad pública debe notificar al solicitante (normalmente en un plazo de 20 días) si está en posesión de la información. En caso afirmativo, la autoridad deberá proporcionarla (a menos que la información esté exenta de divulgación) y, siempre y cuando sea factible, deberá hacerlo de la forma que requiera el solicitante.

La autoridad pública no necesita confirmar o negar la existencia de la información o facilitar toda o parte de la información solicitada si:

  • es aplicable una exención;
  • la solicitud es enojosa o parecida a una solicitud anterior reciente; o
  • el coste de otorgarla superaría el "límite adecuado".

Si es aplicable una exención pero esta es "restrictiva" la autoridad pública deberá considerar si el interés público al usarla es superior al interés público de divulgar la información.

Si el solicitante está insatisfecho con la negativa de la autoridad pública de divulgar información, y ya ha agotado cualquier procedimiento de revisión interna, el solicitante podrá reclamar a ICO. ICO investigará el caso y confirmará el uso de la exención de la autoridad o bien decidirá que la información debe ser divulgada.

La información deberá ser publicada asimismo a través del programa de publicaciones de la autoridad. Un programa de publicaciones, que debe ser aprobado por ICO, consiste en un compromiso de la autoridad local a asegurarse de poner al alcance del público cierta información, así como una guía que explique cómo obtenerla.

La Ley es plenamente retrospectiva, es decir, es aplicable a toda la información, no únicamente a la información archivada desde que esta entró en vigor.

Derechos bajo la Ley

La Ley crea una presunción de "derecho a saber": el derecho de las personas físicas a acceder a información (ya sea personal o no) que obre en poder de los órganos del sector público (autoridades públicas).

La información debe ser divulgada a menos que sea aplicable una exención.

La información debe divulgarse de la manera solicitada por el solicitante, siempre y cuando sea factible.

Si el solicitante está insatisfecho con la decisión de la autoridad local, debería solicitar que la autoridad lleve a cabo una revisión interna.

Si el solicitante sigue insatisfecho con el resultado de la revisión, puede reclamar a ICO, que investigará el caso independientemente y actuará sobre la base de sus conclusiones (consulte los poderes de ejecución más abajo). Si el solicitante o la autoridad pública está insatisfecha con la decisión de ICO, puede reclamar al Tribunal de Información, que resolverá en la decisión.

Responsabilidades de las autoridades públicas

Responder a las solicitudes

Las autoridades públicas deben responder a las solicitudes en un plazo de 20 días facilitando la información o presentando una notificación de denegación.

Si la autoridad pública está considerando si la divulgación de información exenta sería de interés público, puede ampliar el plazo para dar una respuesta final. Entonces la autoridad debe aplicar la prueba del interés público (consulte "El interés público" más abajo) y debe decidir dentro de "un plazo de tiempo razonable" si divulgará la información.

En general, las autoridades públicas no pueden aplicar un cargo por cumplir con una solicitud de información, pero si lo hacen, este tendrá un límite máximo de 600 libras e. por solicitudes al gobierno central y 450 libras e. a todas las otras autoridades públicas.

Las autoridades públicas tiene el deber de facilitar asesoramiento y asistencia a los solicitantes.

Cuando sea posible, las autoridades públicas deberán facilitar la información de la manera solicitada por el solicitante, ya sea como copia o resumen. De manera alternativa, el solicitante puede solicitar la inspección del registro in situ. Si una autoridad pública tiene motivos para no dar a conocer la información solicitada, deberá exponerlos, informar al solicitante del procedimiento de reclamaciones y explicar su derecho a reclamar al Comisario de Información.

Programas de publicación

La Ley impone la obligación de las autoridades públicas a adoptar y mantener un programa de publicaciones que debe ser aprobado por el Comisario de Información.

El programa debe exponer el tipo de información de la que dispone la autoridad pública y que suele poner a disposición del público, cómo la pone a disposición del público y si aplica un cargo por hacerlo. Una vez ha sido aprobado, la autoridad deberá revisar el programa periódicamente y asegurarse de que publica información de conformidad con él.

El Comisario de Información puede también aprobar programas de publicación modelo; estos serían adecuados para grupos de organismos similares que mantienen y publican información parecida.

El interés público

Las autoridades públicas no necesitan dar a conocer ninguna información cubierta por una o más exenciones. Algunas de ellas son absolutas. No obstante, en la mayoría de los casos en los que es aplicable una exención, la autoridad tendrá que considerar si la información debe divulgarse de todos modos por ser de interés público. Esta prueba del interés público supone considerar las circunstancias de cada caso y la exención que cubre la información. La información debe hacerse pública a menos que el interés público en usar la exención supere el interés público en divulgarla.

Las exenciones

Hay 23 exenciones en la Ley de Libertad de Información, y se pueden dividir en:

  • Las que son aplicables a toda una categoría (o clase) de información, por ejemplo:
    • información sobre investigaciones y trámites realizados por autoridades públicas;
    • actas de juicios; o
    • secretos comerciales.
  • Las que están sujetas a una prueba de "perjuicio", por ejemplo cuando la divulgación perjudicaría o probablemente perjudicaría:
    • los intereses del Reino Unido y otros países;
    • la prevención o detección de actividades criminales; o
    • la actividad o interés descrito en la exención.

La prueba del interés público es aplicable a la mayoría de las exenciones. Estas se llaman exenciones restrictivas. Las exenciones a las que no les es aplicable la prueba se llaman exenciones absolutas.

  • Exenciones para información personal.
    • Si la información personal está relacionada con el solicitante, la solicitud debe dirigirse como "solicitud de acceso del sujeto" hecha bajo la Ley de Protección de Datos de 1998.
    • Si la información solicitada está relacionada con un tercero, la decisión sobre si divulgarla se basará en la Ley de Protección de Datos.

Si deniega el acceso a la información, la autoridad pública debe explicar qué excepción es aplicable y, si procede, por qué no es de interés público divulgar dicha información. Asimismo, debe informar al solicitante de que tiene derecho a reclamar.

La función y los poderes de ejecución de ICO

El enfoque de ICO consiste en ser razonable, responsable y firme, y reconocer que una mayor apertura debería reforzar, no menoscabar un gobierno eficaz. Esto se consigue:

  • promocionando que, mediante el cumplimiento de la Ley, las autoridades públicas apliquen prácticas recomendables;
  • informando al público acerca de la Ley;
  • aprobando programas de publicación, incluyendo programas modelo;
  • considerando las reclamaciones sobre cualquier presunto incumplimiento de la Ley;
  • presentar avisos a las autoridades públicas como:
    • aviso de información –que requiere más información sobre el tema;
    • aviso de decisión –decisión sobre un caso;
    • aviso de ejecución –que dictamina que una organización corrija sus prácticas; y
    • avisos preliminares –la experiencia de trabajar en la Ley de Protección de Datos y con el Tribunal de Información; ICO presenta estos avisos no establecidos por la ley, en los casos apropiados, para informar a la autoridad pública en litigio de la decisión que probablemente se va a tomar, dándole de ese modo una oportunidad para que haga sus comentarios.

Si el solicitante o la autoridad pública está en desacuerdo con la decisión formal de ICO, cuenta con 28 días para apelar ante el Tribunal de Información independiente.

Si se entrega una decisión o un aviso de ejecución a un departamento gubernamental, la Asamblea Nacional de Gales o cualquier autoridad designada para estos fines por orden del Lord Canciller, estos pueden ser sujetos a una "anulación ejecutiva". En tal caso, un certificado firmado por un Ministro del Gabinete, o equivalente, que se presenta ante el Parlamento en un plazo de 20 días laborables, anula el aviso del Comisario de Información.

Se puede apelar contra todos los avisos ante el Tribunal de Información independiente.

Los éxitos de la libertad de información

La Ley de Libertad de Información ya está teniendo unos efectos importantes en la vida pública. Muchas personas, incluyendo periodistas, personas físicas, empresas, políticos y defensores, han utilizado la Ley para solicitar todo tipo de información. La diversidad de la información que ha pasado al dominio público durante el primer año como resultado de la Ley queda ilustrada con estos ejemplos:

  • Gobierno
    • Coste y uso de los coches oficiales
    • Compensación pagada a los sospechosos del IRA
    • Los subsidios que la UE paga a los granjeros.
  • Seguridad y Salud
    • Registros del rendimiento de los cirujanos.
    • El uso de los hospitales privados por parte del servicio de asistencia sanitaria de la Seguridad Social (NHS)
    • Pruebas de nuevos medicamentos.
    • Vínculos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) con la comida del colegio.
  • Transporte
    • Los ingresos que obtiene la autoridad local con las multas de aparcamiento.
    • Los costes de los proyectos en transporte, como la 2ª pista de aterrizaje en el aeropuerto de Stanstead.
    • La ubicación de las cámaras de velocidad.

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